“Una tragedia en Hermosillo, Sonora: un
terrible incendio en una guardería, varios niños han muerto, otros quedarán con
horribles lesiones de por vida”, era la noticia de aquellos días de junio de
2009. Tristeza, indignación y desolación fue lo que invadió el sentir de la
población en aquellos días.
Siguió la investigación de los hechos: que
si los dueños eran parientes de Margarita Zavala,
que si la guardería no cumplía con las medidas de protección civil, que si al
lado de la guardería había una bodega donde se guardaban los registros de Hacienda del Gobierno Estatal
encabezado por Eduardo Bours, que el
incendio pudo haber sido provocado para eliminar evidencias de malos manejos
financieros…
Después los reclamos de justicia apuntaron contra
Juan Molinar Horcasitas, en ese
momento director del IMSS y que, debido al horrible incidente, fue cambiado –y
tal vez resguardado- en la SCT. El caso llegó hasta la Suprema Corte.
Finalmente, los ministros resolvieron que Molinar Horcasitas no era culpable.
Desde entonces, el reclamo de justicia no
ha parado. Promesas de apoyo, la creación de la ley “cinco de junio” –que todavía no se publica-, y demás acciones.
Desgraciadamente, no han faltado los lucradores sociales que han querido
sacar beneficio a costa víctimas, los que se han querido colgar de la tragedia para incluir su agenda, los mercenarios del dolor y la catástrofe,
los mismos de siempre.
En todo este tiempo también he leído reclamos a los padres de los niños
fallecidos: que si no fueron
responsables al inspeccionar las instalaciones de la guardería, que por ahorrar unos pesos pusieron en riesgo a
sus hijos, que mejor las mamás hubiesen
dejado de trabajar para cuidarlos, etc. No podría estar más en desacuerdo con estos reclamos. Sí,
tal vez los padres debieron inspeccionar las instalaciones pero, sin duda,
ellos y los niños fueron traicionados
por las instituciones del Estado, aquellas que prometieron cuidarlos de manera adecuada. Porque para que la
guardería pudiera haber sido aprobada, debió de haber pasado estrictos controles que evidentemente no cumplió, y eso sin
duda fue por corrupción. Una “mordida”
al inspector para que se haga de la vista gorda y listo.
Esto me lleva a reflexionar: ¿no se
supondría que la guardería, al haber
sido aprobada por el IMSS, debería
dar garantizar que cumple con las suficientes medidas de seguridad para
evitar este tipo de accidentes? ¿O es que los servicios públicos siempre
deben ser de mala calidad? ¿Para qué
pagamos tantos impuestos entonces?
Este caso, esta tragedia, desgraciadamente,
es una muestra más de la corrupción
que invade a nuestras instituciones,
a nuestras autoridades, y a nuestra sociedad. Los 49 niños no debieron
morir, y no hay nada que pueda acabar con el dolor, la tristeza y la impotencia
que los atormenta día a día.
Que nos quede claro: la corrupción sí tiene consecuencias fatales. Falta que
decidamos si vamos a seguir tolerándola.
Pensemos en ello y actuemos en consecuencia.
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