López Obrador, atrapado en los setentas.

El modelo económico de López Obrador es un regreso a los setentas: a Echeverría y a López Portillo, al estatismo, al cierre de fronteras, al proteccionismo. Un regreso a la "docena trágica" donde se gestó la crisis del '82. Un regreso al PRI de siempre.

Proyectos faraónicos y elefantes blancos de entonces, financiados con deuda y renta petrolera, para satisfacer el ego personal tanto de Echeverría como de López Portillo. Mismos proyectos que ahora trae López Obrador: trenes bala, refinerías -cuando la refinación ya no es negocio-, etc etc. Tan es así que una de las propuestas de López Obrador es disponer de las AFORES -o sea, del dinero que hemos ahorrado- para financiar proyectos de infraestructura. ¿Y si el proyecto falla? Se irán ahí los ahorros de años y años de trabajo.

La situación actual de Grecia y España ya la vivimos en los ochentas: el rescate del FMI por la deuda pública, los costos exagerados de obras carísimas y la expropiación de la banca, con todo lo que implicó la recuperación del país: la reconstrucción que en doce años las políticas populistas destruyeron.

Hugo B. Margáin, el primero de los tres secretarios de Hacienda de Echeverría, lo criticó por el despilfarro en proyectos onerosos. La respuesta de Echeverría: removerlo de su cargo y afirmar categóricamente: "Ahora la economía se maneja desde Los Pinos". Así le fue al país. Ésa es la forma de pensar que comparte López Obrador y los suyos: el Estado benefactor, que gasta y gasta, a costa del presente y futuro de los mexicanos.

El país ya no aguanta otro Echeverría ni otro López Portillo. No más populismo.

#GuarderíaABC, la corrupción tiene consecuencias fatales.

“Una tragedia en Hermosillo, Sonora: un terrible incendio en una guardería, varios niños han muerto, otros quedarán con horribles lesiones de por vida”, era la noticia de aquellos días de junio de 2009. Tristeza, indignación y desolación fue lo que invadió el sentir de la población en aquellos días.

Siguió la investigación de los hechos: que si los dueños eran parientes de Margarita Zavala, que si la guardería no cumplía con las medidas de protección civil, que si al lado de la guardería había una bodega donde se guardaban los registros de Hacienda del Gobierno Estatal encabezado por Eduardo Bours, que el incendio pudo haber sido provocado para eliminar evidencias de malos manejos financieros…

Después los reclamos de justicia apuntaron contra Juan Molinar Horcasitas, en ese momento director del IMSS y que, debido al horrible incidente, fue cambiado –y tal vez resguardado- en la SCT. El caso llegó hasta la Suprema Corte. Finalmente, los ministros resolvieron que Molinar Horcasitas no era culpable.

Desde entonces, el reclamo de justicia no ha parado. Promesas de apoyo, la creación de la ley “cinco de junio” –que todavía no se publica-, y demás acciones. Desgraciadamente, no han faltado los lucradores sociales que han querido sacar beneficio a costa víctimas, los que se han querido colgar de la tragedia para incluir su agenda, los mercenarios del dolor y la catástrofe, los mismos de siempre.

En todo este tiempo también he leído reclamos a los padres de los niños fallecidos: que si no fueron responsables al inspeccionar las instalaciones de la guardería, que por ahorrar unos pesos pusieron en riesgo a sus hijos, que mejor las mamás hubiesen dejado de trabajar para cuidarlos, etc. No podría estar más en desacuerdo con estos reclamos. Sí, tal vez los padres debieron inspeccionar las instalaciones pero, sin duda, ellos y los niños fueron traicionados por las instituciones del Estado, aquellas que prometieron cuidarlos de manera adecuada. Porque para que la guardería pudiera haber sido aprobada, debió de haber pasado estrictos controles que evidentemente no cumplió, y eso sin duda fue por corrupción. Una “mordida” al inspector para que se haga de la vista gorda y listo.

Esto me lleva a reflexionar: ¿no se supondría que la guardería, al haber sido aprobada por el IMSS, debería dar garantizar que cumple con las suficientes medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes? ¿O es que los servicios públicos siempre deben ser de mala calidad? ¿Para qué pagamos tantos impuestos entonces?

Este caso, esta tragedia, desgraciadamente, es una muestra más de la corrupción que invade a nuestras instituciones, a nuestras autoridades, y a nuestra sociedad. Los 49 niños no debieron morir, y no hay nada que pueda acabar con el dolor, la tristeza y la impotencia que los atormenta día a día.

Que nos quede claro: la corrupción sí tiene consecuencias fatales. Falta que decidamos si vamos a seguir tolerándola. Pensemos en ello y actuemos en consecuencia.